Mediante el comunicado en mención, el alto tribunal informó la sentencia SU-107 de 2024, con ponencia del Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, que busca modular la doctrina probable de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, en aquellos procesos donde se discute la ineficacia del traslado de régimen pensional del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad RAIS al Régimen de Prima Media con Prestación Definida RPM, debido a los problemas de información ocurridos entre 1993 y 2007.

Recordemos que la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Laboral, tiene una postura pacifica, reiterada, sólida y que además constituye doctrina probable, en que la Administradora de Fondo de Pensiones, son los profesionales en el sector asegurador pensional y en tal virtud, deben garantizar una asesoría con trasparencia máxima que permita el ejercicio de la libertad informada, siendo la parte más débil de la relación el afiliado, postura que se ha respetado desde el año 2008 mediante la sentencia rad. 31989 hasta la fecha, es decir, que los jueces tienen la obligación de acatar sus pronunciamientos, en virtud del artículo 230 de la Constitución Política en concordancia con la sentencia C-621 de 2015, que concretamente ordenó a los jueces exponer las razones por las cuales se aparta de la doctrina probable.

La Corte Constitucional consideró que el precedente de la Corte Suprema de Justicia, es desproporcionado en materia probatoria y consideró que ello viola el derecho constitucional al debido proceso, en los cuales se discute la ineficacia del traslado, argumentando que no se pueden imponer cargas probatorias imposibles de cumplir para ninguna de las partes, que no se puede despojar al Juez de su papel como director del proceso, de su autonomía para decretar pruebas, por tanto, deben tenerse en cuenta de forma exclusiva, las reglas contenidas en la Constitución Política, en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ordenando a los jueces a seguir las siguientes directrices: i) Decretar todas las pruebas pedidas por las partes que sean pertinentes y conducentes o las que de oficio sean necesarias; ii) Valorar por igual todas las pruebas decretadas y practicadas, inclusive los indicios; iii) que no será posible aplicar como único recurso la inversión de la carga de la prueba.

Señaló que la aplicación masiva de dicho precedente puede llegar a generar una afectación del principio constitucional de sostenibilidad financiera del sistema pensional, desconociendo el parágrafo del artículo 334 de la Constitución Política, el cual prevé, que bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa y judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabas los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.

El fallo desconoce la posición dominante de los fondos de pensiones y los equipara como iguales, fomenta la inseguridad jurídica, brilla por su ausencia argumentos suficientes para modificar las reglas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, es contradictoria porque argumenta que la aplicación de la jurisprudencia de la sala laboral de la Corte Suprema, afecta la autonomía e independencia de los jueces porque le impone una determinada manera de razonar al momento de resolver estos casos, pero hace lo mismo, les impone una determinada manera de razonar.

Por último, el Congreso de la Republica, tiene una oportunidad de oro para reformar el sistema pensional, faltando tan solo 70 días para el trámite y aprobación de tres debates, es el legislador el llamados a solucionar el problema.

(Documento realizado el 18 de Abril de 2024, puede contener cambios de información al momento de la consulta, por actualización de jurisprudencia)   

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